Informe Anual 2020

97 Funciones: fiscalización y enjuiciamiento contable FISCALIZACIÓN Ejercicio 2020 En todos ellos, la fiscalización se extendió a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupacio - nes de electores que cumplieron los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales o que obtuvieron adelantos con cargo a las mismas por haberlas percibido en el proceso electoral anterior de la misma naturaleza. Entre los objetivos de las fiscalizaciones estaban: examinar la regularidad de las contabilidades electorales relativas a los procesos electorales remitidas al Tribunal por las formaciones polí- ticas obligadas legalmente, constatando si las mismas se ajustaban a los principios generales contenidos en el Plan de Contabilidad adaptado a las formaciones políticas; así como verificar el cumplimiento de las disposiciones específicas de la legislación electoral, con especial referencia a recursos, gastos y tesorería de la campaña, y de las demás de general aplicación. Los resultados de la fiscalización comprenden la declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada formación política, y la determinación de las cuantías de gastos a consi - derar a efectos de verificar el cumplimiento de los límites de gastos electorales previstos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para cada proceso. Ello ha supuesto, para el conjunto de los 7 informes , un total de gastos considerados justificados de 90,57 millones de euros. Ninguna formación ha superado, en ninguno de los procesos, el límite máximo de gastos ni los límites específicos previstos en la LOREG, sobre gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente. El Tribunal formula dos propuestas de reducción de la subvención electoral, una en las elec- ciones a Cortes Generales y otra en las elecciones al Parlamento Europeo; en ambos casos, por haberse recibido aportaciones privadas no identificadas con los requisitos establecidos en el art. 126.1 de la LOREG. Magnitudes fiscalizadas: Recursos por un total de 87,75 millones de euros. A tenor de los resultados, se formulan 60 recomendaciones , en parte, ya recogidas en los Informes de fiscalización de procesos electorales celebrados en anteriores ejercicios; de entre las que destacan como comunes las siguientes: evaluar la eficiencia de las fórmulas actuales de envíos de propaganda electoral; especificar las categorías de gastos electorales; vincular el límite máximo de gastos con el número de electores; regular las nuevas fórmulas de financia - ción, como los microcréditos; y establecer un código identificativo único para cada una de las formaciones políticas, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que concurran a los procesos electorales. En atención a sus respectivas competencias, dichas recomendaciones se dirigieron al Gobier- no de la Nación o al de la correspondiente comunidad autónoma, al objeto de que impulsen las iniciativas legislativas que procedan, así como, en lo que les concierne, a las formaciones políticas y a la Junta Electoral Central.