Informe Anual 2020

92 INFORME ANUAL 2020 Ejercicio 2020 Datos globales del Informe: ‘ ‘ Iniciativa fiscalizadora: Tribunal de Cuentas. ‘ ‘ Entidades objeto de fiscalización: los ayuntamientos de Murcia, Lorca y Cartagena. ‘ ‘ Recursos públicosfiscalizados: el coste agregado del gasto en ejecución de los programas de gasto de vivienda fue de 3,72 millones de euros y el importe agregado de los patrimonios públicos del suelo, de 270,65 millones de euros. ‘ ‘ Recomendaciones: Atendiendo a sus resultados, se formulan 8 recomendaciones dirigidas al Gobierno de la Nación, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a los tres Ayuntamientos fiscalizados. Instan a fortalecer la colaboración y cooperación entre los distintos niveles territoriales de la Administración para favorecer planes de alquiler de viviendas públicas y privadas; habida cuenta de la insuficiencia del parque de viviendas, los ayuntamientos deberían trabajar en el conocimiento de las necesidades reales y regularizar la situación de las viviendas sociales. Asimismo, y a la vista de que sólo el Ayuntamiento de Murcia registra el PPS de forma separada en el inventario, de que ninguno de los tres ayuntamientos fiscalizados lo refleja adecuadamente en el Balance, y del deficiente control del destino de dicho PPS, se les recomienda coordinar las actuaciones de los servicios encargados del patrimonio y de la contabilidad.  Análisis de la situación contable del patrimonio inmobiliario de titularidad municipal •• Fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de Castilla-La Mancha Uno de los retos a que deben enfrentarse los gestores públicos locales consiste en evitar el in- eficiente aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la titularidad de los ayuntamientos y el derroche de fondos en obras públicas que no llegan a finalizarse, se paraliza su ejecución o sufre retrasos. Los ayuntamientos, además, han venido utilizando inmuebles ajenos para su funciona- miento ordinario y para prestar sus servicios no obstante disponer de inmuebles sin uso, con los consiguientes gastos de arrendamiento. Entre los objetivos de la fiscalización se incluye: comprobar la existencia de dichos inmuebles sin uso; examinar las causas y los costes derivados de su mantenimiento; analizar las obras pú - blicas paralizadas, sus causas y repercusiones económico-presupuestarias y en relación con la prestación obligatoria de servicios públicos, verificar su correcta contabilización, y, respecto de los arrendados para la gestión ordinaria, valorar los gastos derivados de la existencia de inmue- bles sin uso.