Informe Anual 2020
169 Relaciones institucionales ÁMBITO NACIONAL En la reunión se abordaron, asimismo, las medidas que, a la vista de la evolución de la crisis sanitaria y de la flexibilización de las disposiciones acordadas, se estaban planificando en cada una de aquellas para la reincorporación del personal, en su momento, a los centros de trabajo, lo que se llevaría a cabo de manera progresiva y escalonada y con todas las garantías atendiendo a las recomendaciones sanitarias. Asimismo, pusieron de manifiesto cómo la pandemia del COVID-19 plantea grandes desafíos y está requiriendo una fuerte implicación de las administraciones públicas, lo que genera, a su vez, un gran impacto en la gestión y en el gasto público. En esta línea, los Presidentes destacaron la relevancia que en este contexto adquieren las funciones de control que las instituciones fiscalizadoras tienen atribuidas. Señalaron que las actuaciones fiscalizadoras relacionadas con la gestión de las medidas adoptadas por las entidades públicas con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 que se llevaran a cabo por el Tribunal de Cuentas y por cada uno de los OCEx, se incluirían oportunamente en sus respectivos programas de trabajo. Dichos programas se elaborarían atendiendo a las áreas de riesgo que se identificaran en la gestión pública y procurarían atender a ámbitos de actualidad. Compromiso con el control de la gestión pública ante la pandemia En diciembre de 2020, los Presidentes celebraron, también mediante videoconferencia, su segunda reunión anual. En esta ocasión, insistieron, igualmente, en la importancia del control que desarrollan las instituciones fiscalizadoras en las circunstancias provocadas por la crisis del COVID-19. Su papel resulta fundamental para asegurar la integridad de los fondos públicos y la transparencia así como para hacer efectiva la rendición de cuentas. Asimismo, señalaron que las iniciativas fiscalizadoras que se abordarían en los programas de fiscalización para el ejercicio 2021 pretendían ser receptivas a las demandas de la sociedad , a los entornos cambiantes y a las situaciones emergentes , al objeto de resultar relevantes y de actualidad. Los controles se centrarían en áreas de riesgo y en las que afectan a volúmenes de recursos significativos , haciendo especial hincapié en las entidades que no rinden cuentas y en el seguimiento de las recomendaciones . La verificación de la transparencia, la igualdad entre hombres y mujeres, las sostenibilidad ambiental y la observancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible seguirían siendo objetivos transversales en las fiscalizaciones. La gestión económico-financiera del COVID-19 sería uno de los aspectos centrales de los programas de fiscalización para 2021, aun cuando el alcance de las medidas para afrontar los aspectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis se prolongarían en el tiempo, lo que hará preciso persistir en su control en sucesivos ejercicios. Las actuaciones se focalizarían en áreas tales como la contratación, las trasferencias y las ayudas públicas. La ejecución oportuna de los controles sobre la gestión de la pandemia por las instituciones fiscalizadoras y su enfoque prospectivo ofrecerá una respuesta rápida en el tiempo, de modo que sus resultados y recomendaciones sean útiles para que los gestores públicos puedan identificar debilidades y realizar mejoras en los procedimientos, en los sistemas y en las organizaciones, que podrán incorporarse en los siguientes periodos de programación, contribuyendo con ello a Ejercicio 2020
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